Conferencia Interamericana de Derechos Humanos y Libertad de Expresión

El 26 y 27 de marzo de 2012 se llevó a cabo la Conferencia sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, en el Washington College of Law, de la American University.

     La conferencia fue organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, con la Corte Interamericana del ramo, ambas dependientes de la OEA, configuran el Inter-American Human Rights System; la Sociedad Interamericana de Prensa, cuyo actual Presidente es Milton Coleman, editor en jefe del Washington Post; la Stanford University Law School y el Washington College of Law, de la American University.

     El objetivo fue analizar, desde el punto de vista jurídico y del ejercicio profesional de la información, la tipificación de cualquier acto que  vulnere el ejercicio del periodismo como delito contra la libertad de expresión y, consecuentemente, objeto de interés jurídico tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El punto no de deja de ser complicado por cuatro razones:

a) La infraestructura real con la que cuentan tanto la Corte como la Comisión para atender todo el Continente (ambas atienden un universo potencial de casi 900 millones de habitantes, con menos de la mitad de los recursos humanos y financieros de su contraparte europea, que atiende un universo potencial de 300 millones de habitantes)

b) Las características políticas y las tensiones de muchos países de la región respecto de la cultura de los derechos humanos y el respeto a la libertad de expresión

c) El que el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá se han negado a ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos

d) La dificultad de compaginar, vincular o armonizar las legislaciones locales en materia de libertad de expresión con los principios universales adoptados por la Comisión y con la jurisprudencia y los fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

     Participaron académicos y estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. El contingente mexicano estuvo integrado por 3 estudiantes de la Facultad de Derecho y 2 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y un servidor como representante académico, con la participación de la maestra Gloria Valek.

     La conferencia se dividió en 6 Paneles, repartidos en dos días, una cena de bienvenida y una visita

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C.    

     El primer panel fue una introducción amplia de cómo está articulado el sistema interamericano de derechos humanos; cuáles son sus principios deontológicos y jurídicos, su estructura operacional y los retos y tensiones que enfrenta desde el contexto político y económico.

     El segundo panel abordó el tema específico de la libertad de expresión como principio consustantivo de la democracia, su gradual desarrollo en los países del Continente y las presiones a las que frecuentemente se ve sometido por la disparidad entre regímenes que apenas están transitando hacia la democracia y las condiciones precarias que los periodistas y medios enfrentan para ejercer su cometido (piénsese que México es hoy el país más peligroso del Continente y uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo).

     El tercer panel tocó el tema de los medios alternativos para la solución de conflictos en materia de libertad de expresión (i.e., no todos los casos requieren llegar al plano del litigio internacional y otros ni siquiera al plano del litigio local). Por otra parte, se discutieron aquellos casos en que los fallos de la Corte o su jurisprudencia han llevado a varios países miembros a realizar cambios sustantivos en su legislación vigente en materia de libertad de expresión, derecho a la información y protección al ejercicio del periodismo.

     El cuarto panel analizó las diferentes normas y criterios en materia de limitantes que los Estados miembros han impuesto al libre ejercicio del periodismo, particularmente los de Desacato y Difamación (que se recomienda sean despenalizados, para agotarse dentro de las instancias de los juicios civiles) y, en Estados Unidos, el uso del combate contra el terrorismo (Patriot Act) como un instrumento de presión para obligar a los periodistas a revelar fuentes o que su material informativo sea incautado y/o censurado.

     El quinto panel discutió las recomendaciones que algunas Universidades de la región desarrollaron en un ejercicio previo a la Conferencia, orientadas a impulsar políticas públicas contra la impunidad de la que gozan aquellos regímenes o actores sociales que violan o vulneran la libertad de expresión, así como alternativas a la relación entre los etados nacionales y los organismos internacionales, la selección de casos que debe abordar la Corte Interamericana, etc. Señalo que en este ejercicio participaron, por parte de México, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Guadalajara.

     El último panel fue, en realidad, una sesión de trabajo grupal entre estudiantes y académicos que, divididos en grupos de seis, mezclando en cada uno periodistas y abogados de los diferentes países, debían responder a una serie de interrogantes sobre cómo hacer más efectiva y eficiente la interacción entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el marco jurídico en torno a la libertad de expresión que se contempla en cada país, así como el análisis de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos en este campo y cómo flexibilizar la obtención de recursos humanos y financieros para la operación de la Comisión y la Corte.

     Al término de éste, cada grupo nombró a uno o dos relatores para que presentaran ante el “pleno” los acuerdos y resoluciones adoptados según cada una de las grandes líneas temáticas que se abordaron en la conferencia. En todos los casos los grupos nombraron como relatores a estudiantes, lo cual le dio un sentido de espontaneidad crítica muy enriquecedora a los debates finales.

     Me parece que la conclusión fue muy valiosa: independientemente de las políticas oficiales que las cancillerías de los gobiernos locales sigan respecto de la OEA, la Corte y la Comisión, se acordó que las Universidades locales pueden y deben jugar un papel más activo en la promoción de una cultura de los derechos humanos en cada país y como espacios de mediación entre el ejercicio de la libertad de expresión y el desarrollo e instrumentación de políticas públicas de los gobiernos regionales para reconocer y atender los casos en que se violen o afecten los principios de la libertad de expresión y que, en caso de duda, los sistemas jurisdiccionales locales adopten o se guíen por los fallos y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Racionalidad instrumental y cultura político-informativa

                              Racionalidad instrumental y cultura político-informativa

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Nota Bene: Este texto fue preparado para el Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios, OMCIM, A.C. Agradezco a Regina Santiago sus amabilidades: http://omcim.org/

 Sobre el sentido de dos incidentes durante el período de intercampañas

El Presidente Calderón reinauguró la guerra sucia. En un ámbito privado, donde el contexto del discurso imponía una reflexión de carácter económico financiera, abrió fuego con un comentario sobre el crecimiento de Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN, en las preferencias electorales. No sólo tocó un tema que desplazó el sentido de la reunión a un contexto distinto—y el Presidente de la República, menos que nadie, podría fingir inocencia ante el hecho que cualquier pronunciamiento suyo encontraría eco mediático—sino que lo hizo apelando a una referencialidad dudosa: una casa encuestadora de poca monta que, sin explicar con claridad su metodología, propuso un salto cuántico respecto de Enrique Peña Nieto, el hasta ahora puntero en prácticamente todas las mediciones.

       Puede especularse de distinto modo sobe el sentido de la estrategia. La interpretación más primaría sugiere una suerte de espaldarazo a una candidata que, en el pasado reciente, aparentaba no ser la preferida de Calderón. También puede pensarse que detrás de la declaración del Presidente, había la intención de darle la vuelta a la veda electoral que todos los candidatos presidenciales deben observar para abrir una trinchera en la que, con gran facilidad, cualquiera de los demás podría caer. Después de todo, el Presidente no es candidato y en cierto sentido “habló” a nombre de uno de ellos.

      ¿El objetivo? Crispar los ánimos a fin de provocar una reacción emotiva de los otros abanderados; conociendo, sin duda, la susceptibilidad y suspicacia que afecta en particular a López Obrador, no es descabellado suponer que había la intención de obligarlo a una declaración imprudente—una acusación semejante al “ya cállate chachalaca” que el tabasqueño pronunciar contra Fox hace seis años—con lo que no sólo lo habría exhibido, sino que lo habría orillado a romper la veda electoral y, consecuentemente, a ser sancionado por el IFE. Habrá que reconocer que, en esta ocasión, López Obrador no cayó en la provocación, lo cual revela, cuando menos, que en eso sí ha aprendido de sus errores.

     No obstante, me parece que el objetivo más claro—y que forma parte de una estrategia y no de un hecho circunstancial—fue el de ir generando lo que Pierre Bourdieu llama el illuso de que esta elección en realidad se reduce a dos contrincantes: el del PRI y la del PAN. Se presenta así la idea que López Obrador está demasiado lejos de ambos como para que sobre todo los electores indecisos –que bien pueden definir la elección—mal gasten su voto en él. Se trata de una operación en la que lo ideal es crear un ámbito electoral de carácter estrictamente bipartidista: o el PRI o el PAN, a semejanza del modelo norteamericano (demócratas o republicanos) y, en menor medida, del británico (laboristas o conservadores).

     Y digo que es una estrategia, porque ese “hecho” aparentemente aislado en que el Presidente presenta información poco confiable para legitimar a la candidata de su Partido, se liga con el “borrego” que Reforma y Proceso dieron a conocer en el sentido que Enrique Peña Nieto habría prometido al electorado femenino impulsar mejores contenidos en las telenovelas, a fin de presentar nuevos modelos de convivencia y de respeto de género. Al margen de un debate sobre este punto, varias cosas resultan interesantes:

(a)    Ninguno de los dos medios al parecer verificó la autenticidad de la fuente. Simplemente dieron por bueno un documento que si bien contenía el logotipo del PRI, fue desconocido por éste.

(b)    Ambos medios, pero en especial Reforma quien originalmente lo dio a conocer, se convirtieron en enunciantes políticos, es decir, desplazaron a los actores políticos para asumir ellos mismos la función emisora. Nuevamente, se trata de darle la vuelta a la llamada veda electoral inter-campañas. Aquí, como en el caso de la declaración del Presidente, hay una trampa de mala fe, pues saben que los aludidos (Peña Nieto y López Obrador) no pueden responder, so pena de incurrir en una falta electoral. Así, abren un frente de batalla que no puede ser pisado por el contrincante, lo cual resulta, cuando menos, en una grave falta a la ética informativa: no se verificó la autenticidad del documento de referencia y se aprovecha un momento del proceso electoral en el que los aludidos están obligados a guardar silencio.

(c)     En este caso se aprovechó un hecho que, por otra parte, resulta inevitable: la relación estrecha que guarda Enrique Peña Nieto—candidato por otra parte carente de elocuencia y visión de Estado—con la empresa Televisa, relación que parece subrayarse por su matrimonio con una de las estrellas de dicha empresa. Es decir: aun si el documento no es en realidad parte programática de la política del PRI, dadas las circunstancias personales de Peña Nieto (particularmente después de sus desafortunadas declaraciones en materia cultural y de economía doméstica), resulta perfectamente creíble que lo pudiera haber propuesto. Quien diseñó la estrategia evidentemente sabía cómo y a dónde dirigir el misil.

     Querámoslo aceptar o no, este tipo de operaciones revela una vez más, por si hiciera falta, que no hay tal cosa como la neutralidad informativa y que, de hecho, los medios de información también son actores políticos. Esto no tiene en sí nada de escandaloso. Ya Orson Wells nos obsequió, en El Ciudadano Kane, una radiografía del sentido político que puede adquirir un medio de información. Lo cuestionable es la falta de claridad del propio medio para asumirse como tal; es decir, el juego de hacerse presentar como un espacio profesional e independiente cuando en realidad hay una clara filiación ideológica o una marcada preferencia a favor o en contra de quienes legítimamente participan en el proceso electoral.

     No sugiero que Reforma o, mucho menos, Proceso le quieran hacer el caldo gordo a la Presidencia de la República. Pero sí es preocupante que, en vez de tomar distancia ante un documento de procedencia cuestionable, se dejen llevar (así sea involuntariamente) por el arrebato de azuzar un juego de dimes y diretes que poco ayuda a la construcción de una racionalidad argumentativa. Así, en vez de constituirse en espacios de mediación entre la sociedad civil y el poder político, ayudando a clarificar los términos del debate político y poniendo sobre la mesa la posible falta de confirmación de un documento o de un dato estadístico, se cargan de modo doloso hacia uno u otro extremo, distorsionando o cuando menos ayudando a enrarecer el clima político en un momento especialmente delicado.

     Ambos incidentes: la exaltación numérica de Josefina Vázquez Mota y la supuesta propuesta televisual de Enrique Peña Nieto, revelan la enorme distancia que separa la ética y la responsabilidad informativa—como ingredientes de una cultura democrática—de una práctica periodística orientada al sensacionalismo de ocasión, es decir y parafraseando a Weber, lo que separa una acción discursiva orientada a valores (sustentada en una racionalidad ético normativa), de una orientada a fines (sustentada en una racionalidad instrumental). Mientras nuestra industria mediático-informativa no asuma con claridad una ética normativa en su ejercicio, estamos frente a una forma distorsionada de la libertad de información: se ejerce no en función de la claridad y el entendimiento documentado de los hechos y discursos, sino del interés pecuniario o ideológico.

      Exigimos mucho a nuestra clase política en cuanto a su falta de claridad ideológica, su madurez discursiva y su capacidad para llegar a acuerdos o resolver problemas. ¡Qué bueno! Eso es un signo vital de la inteligencia social. Pero creo que es también nuestra obligación exigir de los medios de información un compromiso de carácter ético. Si éstos tienen ya una determinada preferencia, o bien, su contrario, una aversión política, que lo hagan editorialmente explícito.

     Creo que es válido argumentar que todo aquel que tiene la oportunidad de utilizar e incidir en el espacio público (desde los actores políticos y los líderes sociales, hasta, muy principalmente, los medios de información), están éticamente obligados a asumir esa responsabilidad—que es, también, un privilegio—a partir de un código de ética y una instancia ante la cual los ciudadanos podamos acudir para solicitar precisión y claridad de posicionamiento.

                                                          oOo